Políticas nacionales sobre almacenamiento de energía en el hogar

En los últimos años, la actividad política en materia de almacenamiento de energía a nivel estatal se ha acelerado. Esto se debe en gran medida al creciente número de investigaciones sobre tecnología de almacenamiento de energía y reducción de costos. Otros factores, como los objetivos y necesidades estatales, también han contribuido a este aumento de la actividad.

El almacenamiento de energía puede aumentar la resiliencia de la red eléctrica. Proporciona energía de respaldo cuando se interrumpe la generación de las centrales eléctricas. También puede reducir los picos de consumo del sistema. Por esta razón, el almacenamiento se considera fundamental para la transición hacia la energía limpia. A medida que se incorporan más recursos renovables variables, aumenta la necesidad de flexibilidad del sistema. Las tecnologías de almacenamiento también pueden posponer la necesidad de costosas actualizaciones del sistema.

Si bien las políticas estatales varían en alcance y rigor, todas buscan mejorar el acceso competitivo al almacenamiento de energía. Algunas políticas se centran en aumentar el acceso al almacenamiento, mientras que otras están diseñadas para garantizar su plena integración en el proceso regulatorio. Las políticas estatales pueden basarse en legislación, decretos ejecutivos, investigaciones o investigaciones de comisiones de servicios públicos. En muchos casos, buscan reemplazar los mercados competitivos con políticas más prescriptivas que faciliten las inversiones en almacenamiento. Algunas políticas también incluyen incentivos para dichas inversiones mediante tarifas y subsidios financieros.

Actualmente, seis estados han adoptado políticas de almacenamiento de energía. Arizona, California, Maryland, Massachusetts, Nueva York y Oregón son los estados que han adoptado dichas políticas. Cada estado ha adoptado un estándar que especifica la proporción de energía renovable en su cartera energética. Algunos estados también han actualizado sus requisitos de planificación de recursos para incluir el almacenamiento. El Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico ha identificado cinco tipos de políticas estatales de almacenamiento de energía. Estas políticas varían en cuanto a su alcance y no todas son prescriptivas. Más bien, identifican la necesidad de mejorar la comprensión de la red eléctrica y proporcionan un marco para futuras investigaciones. Estas políticas también pueden servir de modelo para que otros estados las implementen.

En julio, Massachusetts aprobó la ley H.4857, cuyo objetivo es aumentar la meta estatal de adquisición de sistemas de almacenamiento de energía a 1000 MW para 2025. La ley ordena a la Comisión de Servicios Públicos (PUC) del estado que establezca normas que promuevan la adquisición de recursos de almacenamiento de energía por parte de las empresas de servicios públicos. Asimismo, ordena a la CPUC que considere la capacidad del almacenamiento de energía para aplazar o eliminar las inversiones en infraestructuras basadas en combustibles fósiles.

En Nevada, la Comisión de Servicios Públicos del estado (CPUC) ha establecido un objetivo de adquisición de 100 MW para 2020. Este objetivo se divide en proyectos conectados a la red de transmisión, a la red de distribución y a los clientes. La CPUC también ha emitido directrices sobre pruebas de rentabilidad para proyectos de almacenamiento. Asimismo, el estado ha desarrollado normas para simplificar los procesos de interconexión. Nevada también prohíbe las tarifas basadas únicamente en la propiedad de los sistemas de almacenamiento de energía por parte de los clientes.

Clean Energy Group ha colaborado con legisladores estatales, reguladores y otras partes interesadas para promover una mayor implementación de tecnologías de almacenamiento de energía. Asimismo, ha trabajado para garantizar una distribución equitativa de los incentivos para el almacenamiento, incluyendo medidas específicas para comunidades de bajos ingresos. Además, Clean Energy Group ha desarrollado un programa básico de reembolso para el almacenamiento de energía, similar a los reembolsos que se ofrecen para la instalación de paneles solares en las viviendas de los usuarios en muchos estados.